¿Qué respuesta puede dar la justicia contra la invasión rusa en Ucrania? Al respecto han razonado en Les Notícies del Matí dos juristas con experiencia internacional y con vínculos conocimiento directo del país: el decano emérito del Colegio de Abogados de Valencia (ICAV), Luis Miguel Romero, y el abogado valenciano de origen ucraniano-polaco Andreu Yakubuv-Trembach, que preside el Instituto 9 de Mayo, una asociación que promueve los valores de la Unión Europea.
Romero considera que existen claras evidencias de una agresión indiscriminada a la población civil para abrir la puerta a un procesamiento contra el presidente ruso, Vladimir Putin, por crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional (CPI). Un camino largo y difícil, advierte, pero necesario también para que el ataque del ejército ruso no quede impune. «Sin la esperanza de la justicia, contra barbaridades de esa naturaleza, no nos queda nada», ha dicho Romero.
El decano emérito de los abogados valencianos recordó que 36 países, entre ellos España, pidieron la intervención del TPI de La Haya, cuya Fiscalía tiene la obligación de arrancar una investigación de oficio cuando un estado se lo pida.
El letrado Andreu Yakubuv-Trembach ha añadido que si bien ni Rusia ni Ucrania se han adherido plenamente al acuerdo del CPI, desde 2014 el gobierno de Kyiv ha manifestado a Naciones Unidas que acepta la jurisdicción del tribunal sobre hechos que tengan puesto en su territorio. Y por tanto, estos podrían ser enjuiciados internacionalmente.
«Para mí está claro que Putin, que presume y hace alarde público, como factótum de todo, debería responder. Podría ser juzgado, que comparezca es más difícil, pero si no es condenado no podrá salir de Rusia, porque si no le detendrían. Y esto es válido técnicamente para todos los mandos que intervengan, porque la eximente de obediencia debida no se aplica en los crímenes de lesa humanidad», ha explicado Luis Miguel Romero.
Apuntó Yakubuv-Trembach que la falta de una declaración formal de guerra de Rusia, que habla de una operación militar especial, ha hecho que Ucrania no haya activado los tribunales militares y esté aplicando la legislación ordinaria para procesar las agresiones según el código penal. Así, los militares rusos detenidos se ponen en manos de la Policía que les encarcela preventivamente durante un máximo de 60 días hasta su declaración en sede judicial.
«Putin dirá lo que quiera, pero en el derecho internacional está claro que es una invasión, que Rusia es un estado agresor y eso está tipificado», detalla el abogado ucraniano, que alerta también de que los ataques y el apoderamiento de las centrales atómicas del país pueden considerarse terrorismo nuclear.
«Desputinizar la Comunidad Valenciana»
A escala valenciana, Yakubuv-Trembach insistió en la necesidad de «desputinizar» el entorno valenciano, rompiendo las relaciones que instituciones públicas y privadas todavía mantienen con Rusia, como medida de presión. Y recuperando la acusación que en estos mismos micrófonos hizo el cónsul honorario de Ucrania, ha condenado que el empresario de la construcción, Ramón Congost, el cónsul de Moscú en la Comunidad Valenciana, siga asumiendo la representación honorífica del gobierno de Putin en tierras valencianas.
Para leer el artículo completo: enlace a la publicación de À Punt (en valenciano).
